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El Gobierno sigue alargando los plazos para devolver el ‘céntimo sanitario’

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró ilegal el impuesto a las ventas minoristas de determinados hidrocarburos, conocido en el argot como “céntimo sanitario”. El alto tribunal europeo anuló este impuesto en una sentencia dictada el 27 de febrero de 2014, al considerar que carecía de la finalidad específica que exige la Directiva europea. Esto es, la finalidad no debe ser exclusivamente presupuestaria, sino tener por objeto, por ejemplo, el garantizar la protección de la salud y del medioambiente. Y ese no era el caso.

Se calcula que las administraciones recaudaron de forma indebida 13.000 millones de euros. Sin embargo, no todos los ciudadanos pueden conseguir la devolución del dinero ya que hay que presentar pruebas de haber pagado este impuesto. Las empresas de transporte, los taxistas, camioneros, empresas de distribución… Son muchas las compañías y los autónomos que guardan todavía las facturas de los pagos.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, está tratando a toda costa no devolver el dinero cobrado indebidamente o por lo menos retrasar su devolución todo lo posible. En ese sentido Hacienda se dirigió a la Comisión Europea para preguntar si devolver el dinero íntegramente a los profesionales del transporte no supondría, en realidad, una ayuda de Estado. Si fuera así, estaría en contra del Derecho de la Unión.

La respuesta la ha recibido esta semana. Y ha sido ambigua, dicen en el Gobierno, por lo que la ha remitido a la Abogacía del Estado para que interprete la opinión de la Comisión. Al mismo tiempo, sostiene que pagarán antes de fin de año, pero que primero tiene que aclarar esta respuesta.

La Agencia Tributaria puede devolver el dinero recaudado con este impuesto ilegal desde el año 2010 hasta el 2013, al estar prescrita la devolución para años anteriores. Los afectados pueden acudir a los tribunales para demandar el dinero que han pagado indebidamente entre los años 2002 y 2010. Para ello, pueden interponer demandas individuales y colectivas a través de la vía contenciosa-administrativa, en principio.

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