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El gobierno suprime las tasas judiciales para las personas físicas

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El Gobierno aprobó el pasado 27 de febrero mediante Real Decreto-Ley la modificación de las tasas judiciales, que se suprimen para las personas físicas. Tres años después de su implantación, el Ejecutivo acaba con una de las reformas estrella del que fuera ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.

La medida más llamativa y esperada por parte del sector legal y por la ciudadanía ha sido la supresión del pago de tasas judiciales para todas las personas físicas, o lo que es lo mismo los ciudadanos. Con este anuncio, el ministro de Justicia Rafael Catalá cumple su compromiso anunciado en cuanto aterrizó al Departamento ministerial de revisar las tasas judiciales, que para algunos sectores de la judicatura estaba provocando un grave perjuicio a parte de la población. Los abogados, concrétamente, desde el Consejo General de la Abogacía Española, se ha realizado a lo largo de estos tres años una dura batalla para que se corrigieran esas tasas, a las que han calificado en reiteradas ocasiones de inconstitucionales.

Sin embargo las personas jurídicas, es decir las empresas, tendrán que seguir pagando, con lo que no se ha atendido totalmente a las reivindicaciones de los colectivos relacionados con la Justicia.

Actualmente hay presentados en el Tribunal Constitucional varios recursos contra las tasas judiciales, aunque ahora, tras la eliminación de gran parte de ellas, únicamente tendrá resolver respecto de las que quedan vigentes.

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