Los últimos datos que nos llegan del Observatorio permanente de la morosidad que publica la Federación Nacional de Transporte de España (Fenadismer), vuelve a dejarnos unas cifras preocupantes y que ponen de manifiesto la asfixia económica que sufren los transportistas autónomos de este país.
La morosidad que se alcanza actualmente en el transporte es tal que tres de cada cuatro pagos a transportistas se realizan fuera de la ley, o lo que es lo mismo, el 74% de los pagos que se realizan a las empresas transportistas por parte de sus clientes incumplen la legislación vigente en materia de morosidad al superar el plazo máximo de 60 días a contar desde la realización del servicio.
Son cifras muy preocupantes y que ponen de manifiesto, una vez más, la necesidad de que el gobierno implante un régimen sancionador en la actual Ley contra la Morosidad. Si la administración pública competente sancionara económicamente a las empresas que incumplen la Ley contra la Morosidad, que establece que el plazo máximo de pago será de 30 días desde la fecha de prestación del servicio, ampliable a un máximo de 60 días si así lo establecen las partes, uno de cada cuatro autónomo no hubiera cesado su actividad durante la crisis debido a los pagos que actualmente se sitúan en los 90 días de media tanto por las administraciones públicas como por las empresas.
Desde hace tiempo la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) y a la Federación Nacional de Transporte de España (Fenadismer), llevan peleando para que se implante de una vez por todas el régimen sancionador, sin embargo una meta difícil de conseguir por parte de las grandes empresas, que tardan en muchos casos más de 150 días en pagar a sus proveedores, se financian a costa de los transportistas autónomos con total impunidad con el apoyo de la patronal y las administraciones públicas.
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