El problema de la inmigración ilegal al norte de Francia ha vuelto a aflorar una vez más tras los hechos acontecidos recientemente en el puerto de Calais, cuando los trabajadores de MyFerryLink bloquearon el puerto francés y provocaron colas de cientos de camiones, a los que decenas de personas intentaron subirse para cruzar el Canal de la Mancha.

Actuaciones que reflejan actualmente el tremendo drama humanitario que en cuestión de políticas cerradas de inmigración, se están llevando a cabo en Europa; y que en mucho casos están llevando a la indefensión de particulares y empresas en el ámbito del transporte de mercancías por carretera. Situación que ya denunciamos el pasado mes de mayo a través del artículo (clic aquí)que escribió nuestro compañero Rafael Molina.

Por este motivo, la Unión Internacional del Transporte por Carretera (IRU) solicita “la acción inmediata por parte de las autoridades francesas, incluida la policía y las fuerzas armadas, es esencial para proteger a los conductores y vehículos que tratan de operar a través del puerto de Calais“. Sin olvidar el drama humanitario que también se está viviendo en esa zona haciendo un  llamamiento tanto a Francia como a la Unión Europea para que actúen urgentemente con el fin de “aliviar la terrible situación de los 3.000 inmigrantes en el área de Calais”, ya que el sector del transporte por carretera “no puede esperar a que se tomen medidas para evitar más muertes o lesiones graves”.

Del mismo modo, la IRU afirma que Francia no está cumpliendo con la obligación de velar para que sus puertos y carreteras sean seguras de usar. Así, los conductores de camiones se enfrentan a una situación “cada vez más desesperada y peligrosa” como resultado del fracaso francés a la hora abordar el problema obvio que tienen los puertos del Canal de la Mancha.

El estado francés ha fracasado en Calais durante años y, ahora, los operadores de transporte y su personal se enfrentan a las consecuencias de esta inacción como por ejemplo el grave riesgo de sufrir multas coercitivas de carácter administrativo nacional por cualesquiera autoridades nacionales en el espacio del territorio europeo. Más de las veces es conocido que se identifica al conductor y a la empresa transportista; multados por partida doble, quedando como únicos responsables de la entrada en espacio común transfronterizo, de la entrada ilegal de inmigrantes clandestinos encajados en el fuselaje o bajos del vehículo detenido.

Fuente | Cadenadesuministro.es