El Gobierno italiano está estudiando la posibilidad de ampliar el salario mínimo también al transporte internacional equiparando la normativa a la francesa (Ley Macron).

El pasado verano el gobierno italiano aprobó el Decreto Legislativo nº 136 de 17 de Julio de 2016, estableciendo la obligación de que los conductores asalariados extranjeros que se desplacen a territorio italiano a que cobren al menos el salario mínimo interprofesional de Italia, fijado en 8,5€/h, de modo similar a lo que se establece en la normativa francesa y alemana.

La normativa que se encuentra actualmente pendiente de desarrollo normativo, al no haberse aún publicado el modelo de comunicación de desplazamiento así como el procedimiento de gestión y control por parte de las autoridades laborales italianas, obligará a las empresas extranjeras que desplacen conductores a Italia a realizar una notificación al Ministerio de Trabajo italiano antes de realizar un viaje y designar un representante en territorio italiano a efectos de control del cumplimiento de la legislación laboral.

El Decreto Legislativo aprobado el pasado mes de julio limitaba inicialmente su aplicación al transporte de cabotaje, sin embargo Fenadismer ha tenido conocimiento de que el Gobierno italiano está estudiando la posibilidad de ampliar su ámbito también al transporte internacional, afectando a todo el transporte con origen o descarga quedando exento tan sólo el de tránsito de modo análogo a lo establecido en la regulación francesa y alemana. Las asociaciones italianas de transportistas son las que están presionando al gobierno para que amplíen la normativa al transporte internacional, ante la fuerte competencia que sufren de las empresas procedentes de terceros países, lo que ha supuesto que la flota italiana en la actualidad sólo realice el 9% del transporte internacional con origen o destino en dicho país.

La aplicación del salario mínimo en países como Alemania, Francia y próximamente Italia vienen motivadas con la necesidad de controlar la situación de competencia desleal que atraviesa nuestro sector, fundamentalmente por la deslocalización de las grandes empresas de transporte de nuestro país hacia otros Estados de la UE con menores costes de explotación de la actividad.