El dumping social principal objetivo en el Plan Nacional de Inspección para el Transporte 2017
La deslocalización de las grandes empresas de transporte hacia los países principalmente del Este de Europa será el principal objetivo de las inspecciones de 2017.
En el día de ayer miércoles 30 de noviembre de 2016, en una reunión celebrada en la sede del Ministerio de Fomento, la Subdirectora General de Inspección de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento, acompañada de los responsables de inspección de las Comunidades Autónomas de Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana presentó a las asociaciones nacionales de transportistas el Plan Nacional de Inspección para el sector del transporte por carretera para el año 2017.
El Plan Nacional de Inspección para el Transporte de 2017 tendrá como principal objetivo reforzar las medidas de control sobre la competencia desleal y dumping social de las empresas deslocalizadas en otros países. Conductas que han aumentado considerablemente debido a la crisis económica que ha afectado gravemente al sector del transporte en los últimos años. Dicha actuación inspectora ya se ha venido desarrollando en este año 2016, si bien se intensificará considerablemente en 2017, controlando tanto en carretera como a las empresas cargadoras.
Otras actuaciones de control incluidas en el Plan que se van a llevar a cabo el próximo año son las siguientes:
- Se llevará a cabo un control sobre la realización de servicios de transporte público, así como el ofertar como intermediarios servicios de transporte en diferentes medios, en ambos casos sin estar amparados en la correspondiente autorización.
- Se continuará controlando la utilización inadecuada de los tractores agrícolas para la realización de transporte público de forma irregular, que representa una competencia desleal para el transporte por carretera.
- Se llevará a cabo el control anual de los tiempos de conducción y descanso sobre la flota de 417.542 vehículos de transporte que en la actualidad están obligados a llevar tacógrafo. Dado que la Directiva europea 2006/22 impone a los Estados miembros la obligación de controlar al menos el 3% de las jornadas de trabajo, en el caso de las autoridades de inspección españolas deberán revisar al menos 2.818.409 jornadas de trabajo de los conductores profesionales, de las que la mitad se deberán controlar en la sede de las empresas y la otra mitad en carretera.
- Se hará un especial control sobre el posible uso fraudulento que se está llevando a cabo en la utilización del certificado de actividades por parte de algunas empresas transportistas.
- Se intensificarán los controles de las posibles manipulaciones en el tacógrafo o del limitador de velocidad en carretera. En el caso del tacógrafo, las principales manipulaciones que son detectadas corresponden a pequeños recorridos con velocidades muy cortas, por lo que se hará un mayor control en zonas como polígonos industriales y áreas metropolitanas de alto desarrollo industrial, entre otros. Conforme a la última reforma de la Ley de Seguridad Vial, dichas conductas infractoras no sólo son imputadas a la empresa transportistas sino también al conductor que va a bordo del vehículo, sancionándose con multa de hasta 500 euros.
- Con objeto de aumentar la eficacia inspectora de los posibles excesos de peso, se llevarán a cabo dos controles de larga duración con la participación de la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas.
- Se intensificará el control del transporte realizado por vehículos de menos de 3’5 toneladas procedentes de terceros países, al detectarse un aumento considerable de irregularidades en este tipo de vehículos.
- Se aumentará la inspección de los cursos de formación CAP, sobre todo en los de formación continua ante las posibles irregularidades que se están dando.
Fuente | Fenadismer
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