Ahora que nos encontramos en pleno debate de investidura para un posible nuevo gobierno en España, desde nuestro despacho jurídico queremos sumarnos a la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) y a la Federación Nacional de Transporte de España (Fenadismer), para que el nuevo gobierno implemente un régimen sancionador en la actual Ley contra la Morosidad.

Actualmente en España el 70% de los pagos que se realizan a las empresas transportistas por parte de sus clientes incumplen la Ley de Morosidad precisamente porque no hay un régimen sancionador. Los transportistas autónomos sufren retrasos sistemáticos en el cobro de sus facturas, sobre todo por parte de las grandes empresas, que tardan en muchos casos más de 150 días en pagar a sus proveedores, saltándose a la torera la ley que establece que deben ser 60 días, financiándose a costa de los transportistas autónomos con total impunidad.

En España cuando una persona física o una empresa incumple la ley, el estado o la administración pública competente le sanciona económicamente o incluso lo castiga con penas de prisión si el delito así lo precisa. Sin embargo, incumplir la Ley contra la Morosidad sale totalmente gratis en este país precisamente porque no existe el régimen sancionador que muchos demandamos.

Para la próxima legislatura, deseamos que el partido que finalmente acabe gobernando se tome en serio la flagrante morosidad que las pequeñas y medianas empresas sufren a diario, y sobre todo, los autónomos, que uno de cada cuatro que han cesado su actividad durante la crisis lo ha hecho debido a la morosidad, tanto por las administraciones públicas como por las empresas.