La demora en los pagos de las empresas sigue en aumento en nuestro país un mes más, y como siempre, los principales afectados son las empresas de transporte.

Según el Real Decreto ley 4/2013, la norma general es que el plazo máximo de pago debería ser de tan sólo 30 días naturales a contar desde la prestación del servicio, el cual podrá ser ampliado a un máximo de 60 días “si así lo hubieran pactado las partes”, pero en la práctica esas cifras son bien distintas.

En la práctica cada empresa utiliza su propio calendario o sistema de pagos sin tener en cuenta la normativa vigente. Por ejemplo, hay empresas que pagan a la recepción de la factura, ignorando por completo su fecha de emisión. Otros muchos, rizan el rizo todavía más y a parte de contar a partir de la recepción, pagan un día en concreto cada mes, por lo tanto si la factura es recibida justo un día después del día de pago automáticamente pasa al mes siguiente.

Según los datos recogidos por el Observatorio permanente de la morosidad y los pagos en el sector del transporte por carretera, el 68% de los pagos que se realizan a las empresas transportistas por parte de sus clientes incumplen la legislación vigente en materia de morosidad, o lo que es lo mismo superan los 60 días marcados por la ley desde que se realizó el servicio de transporte.

Mi experiencia en el transporte me dice que dar con un cliente que pague religiosamente a los 60 días contando desde la fecha de la factura es prácticamente imposible. Se podría decir que están en peligro de extinción en nuestro país. Y encontrar a alguien que nos pague a 30 días naturales a contar desde la prestación del servicio, lamentablemente es como buscar a los dinosaurios, se extinguieron hace mucho mucho tiempo.